Claudio Balbontín asume como nuevo director regional de INIA Intihuasi
La línea de investigación del Dr. Claudio Balbontín se centra en definir las necesidades de riego de los cultivos para optimizar el uso del recurso hídrico en la agricultura.
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Chile es un país productor y exportador de alimentos y otros productos de origen animal y vegetal. También produce para el consumo interno, para alimentar a más de 17 millones de personas. El desarrollo de este sector y su dinámica productiva y exportadora ha sido posible, además de por la capacidad empresarial y varias ventajas […]
Chile es un país productor y exportador de alimentos y otros productos de origen animal y vegetal. También produce para el consumo interno, para alimentar a más de 17 millones de personas. El desarrollo de este sector y su dinámica productiva y exportadora ha sido posible, además de por la capacidad empresarial y varias ventajas competitivas que tiene el país, por la forma en que se han gestionado hasta ahora los asuntos sanitarios.
Particularmente, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en su historia ha sido una institución pública fundamental en ese proceso. Ha contribuido a la erradicación y control de enfermedades animales y plagas vegetales, ha creado un sistema de garantías para la exportación de productos silvoagropecuarios y ha sido activo en la apertura y comercio de esos productos, incluido el acompañamiento de los Tratados de Libre Comercio. Además, cuenta con un alto reconocimiento nacional e internacional.
Lo que ha logrado el SAG hasta ahora, y los varios intentos en curso, han sido exitosos. Sin embargo, la pregunta pertinente hoy es si lo que se ha hecho hasta ahora, y en la forma cómo se ha hecho, es la suficiente y necesaria para apoyar eficaz y eficientemente una segunda fase productiva y exportadora de la industria alimentaria, considerando los nuevos escenarios internos y externos.
Frente a esta pregunta pareciera haber consenso de que el SAG no estaría preparado para un escenario diferente y de alta exigencia para el futuro del desarrollo alimentario productivo de cara a la producción interna y la exportación. Por lo tanto, se deberán hacer ajustes sustantivos y progresivos en el servicio con una mirada de largo plazo.
No es casualidad que el tema de la modernización del SAG exista a la hora de definir prioridades en nuevos periodos eleccionarios en el país. El tema vuelve a estar en los programas de Gobierno de los principales candidatos, respondiendo a una visión de país y la permanente necesidad y demanda del sector privado. Más allá de los avances que se implementan administración a administración, se requiere un esfuerzo aún mayor.
Es tan importante, significativo y complejo lo que se haga con el SAG, que se requiere un debate técnico y político más amplio y profundo que el realizado hasta ahora; y más aún, decisiones para ser implementadas en el corto y mediano plazo.
Necesidad de institucionalidad sanitaria pública
El país tiene una ambiciosa apuesta para el sector alimentario, la cual se encuentra en pleno proceso de desarrollo y que tiene enormes potencialidades para el futuro. Señalado como una potencia alimentaria inclusiva o para el desarrollo de una segunda viga maestra económica del país después del cobre, la sanidad es un determinante de este desarrollo alimentario de calidad y diferenciado, competitivo para el mercado interno y para las exportaciones.
Como todos los países donde la industria alimentaria es importante, Chile requiere una institución sanitaria pública especializada. Sus funciones de prevención y control sanitario de enfermedades y plagas, garantías para la exportación y negociación internacional no son sustituibles ni por otra institución pública ni delegables al sector privado.
Además, la existencia de estos servicios son reconocidos internacionalmente por los Estados; incluso participan en organizaciones mundiales de referencia como la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), la CIPF (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria) y el Codex alimentarious.
Son finalmente consideradas en la forma de relacionarse los países que comercializan al amparo del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En definitiva, los servicios sanitarios de los países, como el SAG, son en sí un bien público pues contribuye a la competitividad sistémica del país y de las empresas, así como la salud pública.
Contexto para el SAG
El futuro del SAG debe ser funcional al propio desarrollo de la industria alimentaria nacional en todas su expresiones de diversidad de rubros, territorios y segmentos productivos, así como tomar en cuenta el contexto externo actual y futuro, el cual evidentemente le exige más a la institución. El contexto está determinado por los siguientes elementos:
• Un mundo globalizado, con mayor diversificación y aumento de las exportaciones e importaciones de productos alimenticios y de origen animal y vegetal. El mundo requerirá mayor cantidad de alimentos. Sin embargo, el mercado local e internacional va ir imponiendo más exigencias técnicas, logísticas y de garantías sanitarias.
• Nuevas generaciones de negociaciones comerciales, con incorporación de los asuntos de sanidad e inocuidad, tanto bi como multilaterales.
• Cambios ambientales para los agentes de enfermedades y plagas, generando mayores riesgos, resultados de migraciones, urbanización, cambio climático, aumento demográfico, entre otros.
• Modificaciones en las percepciones y preocupaciones de las personas en temas sanitarios, más allá de los mayores riesgos biológicos. Por una parte, hay mayor predominancia de la inocuidad alimentaria por la población, debido al mayor conocimiento y nuevos riesgos por procesos de alimentos. Se ha complejizado, más allá de los peligros microbio lógicos y químicos, como alérgenos, inhibidores endocrinos y la resistencia de antibióticos.
Por otra parte, la mayor valorización de animales de compañía, recreación y fauna silvestre en detrimento de la producción animal, así como el cuidado del medio ambiente, el bienestar animal, son temas nuevos y que se irán profundizando en los tiempos futuros.
• Demanda de los consumidores nacionales e internacionales por mayores garantías de los atributos de los alimentos, no sólo de sanidad e inocuidad, sino también de calidad. Por ejemplo del origen de los insumos utilizados, de las formas de producción, entre otros, los cuales van a tensionar la responsabilidad pública y privada de esta certificación.
• Significativo desarrollo tecnológico, como nuevos formatos y tendencia en la fabricación de alimentos procesados.
Además, los insumos utilizados, las técnicas para la prevención de control de enfermedades y plagas, diagnóstico y disciplinas de base como la biología molecular, la nanotecnología y gestión del big-data van a influir en los servicios sanitarios.
• Mayores exigencias de la función pública, en cuanto a eficiencia, transparencia, participación y descentralización. Los ciudadanos y los consumidores nacionales van a estar más preocupados y exigentes por el desempeño de la acción pública.
La empresa, para lograr sus objetivos de productividad y competitividad, requerirá de un Estado más eficaz y eficiente. Deberá ser expresión de las características y demandas locales, de lugares y comunidades específicas. Esto va a ser crucial en un sistema público con recursos escasos y con mayores demandas, lo cual será un desafío mayor.
Principales desafíos
El SAG requerirá una altísima capacidad de adaptación oportuna en materia técnica y gestión para dar cuenta de las crecientes necesidades de la industria alimentaria y el país en los nuevos contextos. Para ello, el SAG debería establecer un plan de mediano plazo del desarrollo progresivo de capacidades que le permitan enfrentar eficiente y eficazmente los desafíos que le vienen. Estos tienen que hacerse cargo de asuntos evidentes, pero también de apuestas estratégicas en materia animal y vegetal, dentro de ellas:
• Eliminar del SAG los aspectos no atingentes a la sanidad, tales como mejoramiento de suelos, regulaciones de tierras y conservación de flora y fauna silvestre. Eso sí, se debería definir cómo se va a afrontar la evaluación y control de problemas sanitarios en la fauna y flora silvestres. Ejemplos como los que ocurren hoy con el huemul y araucaria no debiesen ocurrir nunca más.
• Fortalecer su capacidad de gestión sanitaria. Para ello, establecer un mecanismo más robusto de evaluación de riesgo pre-frontera y post-frontera con las importaciones, desde el punto de vista sanitario y de inocuidad. Asimismo, fortalecer los mecanismos de control de frontera, así como vigilancia con mayor participación de la comunidad y las empresas con mejor capacidad diagnóstica. Consistente con lo anterior, mejorar los programas de contingencias sanitarias para minimizar impactos.
• Traspasar los programas de control de enfermedades endémicas a las organizaciones privadas, haciéndolos más precisos, más focalizados y más eficientes. Establecer un sistema de incentivos para estos fines. Crear consejos público privados, con mayor participación de los gremios, de las regiones y de las universidades como apoyo técnico especializado.
• Profundizar y consolidar la estrategia de zonificación y compartimentación para fortalecer la gestión sanitaria y mejorar la respuesta a contingencias y mantención de mercados, aprovechando los lineamientos internacionales.
• Desarrollar una estrategia y competencias para la negociación internacional sobre sistemas de equivalencia sanitaria. Liderar y ampliar la participación del país en organismos internacionales de referencia como la OIE, CIPF y Codex.
• Establecer una red científica nacional e internacional para la sanidad e inocuidad, en conjunto con otras instituciones de sanidad, tanto para las evaluaciones como los programas de control. Dar soporte a la evaluación de los riesgos como la gestión y desarrollo de programas. Participación de los profesionales, aprovechando la enorme cantidad de conocimiento en el país y el mundo disponible para eso fines.
• Simplificar y automatizar todos los servicios del SAG vinculados a las exportaciones e importaciones, a los registros de fármacos y plaguicidas, y otros, aumentando su eficiencia y eficacia. Poner énfasis en los procesos críticos, generar indicadores de gestión exigentes e incorporar evaluación pública de mediano y largo plazo de sus principales programas.
• Generar nuevas formas de relación con el sector privado en sus roles de diseño y gestión de las iniciativas públicas. Debería haber mayores espacios de relacionamiento público-privadas. Al mismo tiempo mejorar la capacidad de diálogo con la ciudadanía.
• Desarrollar alternativas y acciones específicas para que los segmentos de productores familiares y de industrias de alimentos puedan alcanzar los niveles de gestión de la sanidad e inocuidad para poder acceder y mantenerse en los mercados; que no se vean afectados por el autoconsumo y que accedan oportunamente a mecanismos de prevención y control de enfermedades animales y plagas vegetales que afecten la sustentabilidad de sus sistemas productivos.
Debido a que la institucionalidad sanitaria nacional, en el ámbito de la sanidad e inocuidad, se compone además del SAG, por el SERNAPRESCA, MINSAL y ACHIPIA (también DIRECON), se requiere mayores niveles de integración para disminuir la dispersión, discrecionalidad, superposición de funciones y ausencia de armonización entre sus procedimientos. De esta manera se puede establecer con nitidez y claridad el rol del SAG en materia de inocuidad alimentaria, más allá de las acciones que hoy realiza como la inspección de mataderos. Hasta ahora, a pesar del tremendo aporte que hace al país la ACHIPIA y el MINSAL, no se ha logrado que esto sea definitivo. A años de la promesa pública, aún no existe la nueva Ley de ACHIPIA que apunta a resolver parte de estos déficits. No hay que descartar que una buena solución es establecer una sola agencia sanitaria nacional que aborde los asuntos de sanidad e inocuidad, incluidos los asuntos de acuicultura y pesca, que sea eficiente, liviana y funcional a la estructura operación y objetivos del país.
Relacionado con lo anterior, se requiere establecer un sistema de evaluación sanitaria de las importaciones de alimentos, especialmente en los aspectos de inocuidad pre-frontera, que permita armonizar las exigencias que tiene el país para exportar con las que se realizan en las importaciones.
Implementación
Para que se realicen estos cambios se requiere la voluntad política de transformarlo en tema de Estado. Se debe estar dispuesto a que la hoja de ruta traspase varios gobiernos y a enfrentar y tomar decisiones complejas, como por ejemplo lo de la institucionalidad sanitaria global. Con liderazgo público y de los principales gremios nacionales involucrados, se deben dar las condiciones y posibilidad de un diálogo profundo y que resulte en propuestas que compatibilicen la urgencia con el mediano plazo. Esta debe estar por sobre el propio SAG y debe identificarse claramente las decisiones que se deben tomar.
Lo que se ha planteado lo han hecho muchos países, especialmente los desarrollados con un sector alimentario fuerte y con proyección, como es Chile.
No se puede improvisar en políticas públicas, más aun en un ámbito tan importante como el de la alimentación para el país y el mundo. Es por ello que, aunque es pertinente plantear este tema en época de cambio de administración y así aprovechar el ambiente de debate de balances y la proyección de lo que viene, no puede acotarse a una visión estrecha de periodo de cuatro años.
Definitivamente, lo que pasa por el SAG debería estar fuera de los ciclos políticos. Pero también exige que las responsabilidades no sólo sean parte de lo que aspira a hacerse del Gobierno: tal como se ha planteado, las responsabilidades del sector privado también son enormes. Bienvenido el debate y que se transforme en acciones concretas con visión de país con la gradualidad que se requiera.
Escrita por: Hernán Rojas, Director Ceres BCA.
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Robert Edition
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