El anuncio de creación del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural constituye, en principio, una buena noticia para Chile respecto de un anhelado y necesario proceso de modernización de la institucionalidad alimentaria, a mi juicio, incomprensiblemente postergado por los diferentes gobiernos que se han sucedido en los últimos veinte años, aun cuando todos y cada uno de ellos en sus propuestas de gobierno, evidenciaron el tema como una urgencia y una oportunidad.

Sin embargo, habiendo realizado un análisis crítico detallado del proyecto de Ley enviado a tramitación parlamentaria hace tan solo algunos días por el Presidente de la República, lamentablemente se debe señalar que, más allá de la señal política que se ha querido dar con ello, la propuesta es, por ser condescendiente, de una “ingenuidad” que llama la atención.

Se trata de un texto de escasas veintitrés páginas, para una transformación estructural, profunda y compleja. De ellas, el mensaje presidencial, entre antecedentes y diagnósticos, corresponde a la mitad. En él se intenta justificar con pocas y desactualizadas referencias, abundantes juicios y muchos lugares comunes, la agrupación bajo el mismo paraguas institucional de temas tan disímiles y complejos como la producción agropecuaria, acuícola, pesquera y alimentaria por una parte, la actividad silvícola por otra e incluso el desarrollo rural.

Se evidencia un equívoco concepto de necesidad de integración institucional, atribuyendo al futuro Ministerio, por el simple hecho de su creación, efectos casi inmediatos en materia de coordinación y sinergias institucionales, articulación público privada y, lo que es más grave aún, impactos en la competitividad, el desarrollo exportador, la sustentabilidad ambiental y el bienestar y calidad de vida de las personas.

Muchos podrán decir que lo anterior corresponde solo a comentarios y que las declaraciones del mensaje presidencial, sin duda bien intencionadas, en mayor o menor medida podrían ser alcanzadas con un proceso de modernización institucional profundo y serio. Lamentablemente, el problema está justamente en que la propuesta que se expone de la página doce en adelante no se condice con la altisonancia y grandilocuencia del mensaje.

Al revisar sus contenidos no solo no existe un solo elemento que puedan dar luces respecto de cómo se realizará este proceso para dar cumplimiento a promesas de crecimiento, sustentabilidad y calidad de vida, (lo relativo a probidad, transparencia y eficiencia, por obvio no merece comentario alguno, salvo preguntarse si en ausencia de este proyecto, ellas no son condiciones que el actual ministerio debe garantizar), sino que las definiciones de objetivos funciones, organización, personal y plazos de la nueva institucionalidad verdaderamente dejan más dudas que certezas. A continuación, desde mi perspectiva, algunas de las principales:

• Uno de los elementos fundantes de la propuesta es la necesidad de aproximarse a una mirada sistémica de las cadenas de valor agropecuaria, silvícola, acuícola y pesquera. Sin embargo, en lo concreto se trasluce en cada acción propuesta una aproximación sectorial, productivista y de corte agrario que es justamente, lo que se supone se busca superar. Es una propuesta de Ministerio de Agricultura que quiere ser de los Alimentos pero que no se desprende de su herencia sectorial.

• Un segundo elemento es la contradictoria declaración acerca de la importancia de la coordinación y de la participación de los actores articulados desde la nueva figura institucional, ya que en la preparación de esta propuesta no existió ni el más mínimo nivel de articulación y participación con ellos. Hasta donde se conoce, ni los equipos de la Subsecretaría de Salud Pública, ni de la de pesca, o del SERNAPESCA, por citar algunos, fueron consultados ni participados, estando todas estas instituciones, profundamente relacionadas desde su rol, sus funciones, su organización y dependencia, con la nueva propuesta.

Tampoco hubo participación al interior del propio Ministerio, de instituciones como ACHIPIA, INDAP, SAG o CONAF, que son actores claves en los temas centrales del proyecto. Y no estoy refiriéndome a las autoridades circunstanciales que están tomando estas decisiones institucionales determinantes, sino que a los equipos técnicos que conocen, saben, han estado ahí por mucho tiempo y tienen algo que decir y aportar en estos temas. Menos aún se consultó o debatió con contrapartes de la industria, de profesionales ni de la academia, de asociaciones de funcionarios y, ni qué decir, de la participación de la sociedad civil. Así la propuesta nace con una debilidad estructural que en estos tiempos es difícil de comprender y que sin dudas hará muy difícil su discusión parlamentaria.

• Un tercer elemento preocupante es la debilidad de contenidos en el abordaje de materias como los de sanidad, inocuidad y calidad, no haciéndose cargo, más allá de genéricas declaraciones, de las complejas problemáticas sanitarias, económicas, productivas y comerciales, que del punto de vista regulatorio y del fomento productivo, ellas implican. Solo queda claro que se facultará al SAG con nuevas atribuciones en la materia, y que se suscribirá un protocolo con el Ministerio de Salud para abordar posibles superposiciones, duplicidades, contiendas de competencias y otros. Ello no solo es vago, o ingenuo, sino que deja traslucir una falta de conocimiento en la materia, sin duda agravado por la evidente falta de participación y asesoramiento de equipos técnicos conocedores de estas complejidades.

De la lectura de este componente, surge de inmediato preguntarse si el Ministerio de Salud abdicará del mandato que tiene en materia de control de alimentos, entregando las potestades que le otorga el código sanitario a Agricultura, incluyendo la administración del Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA). Ello merece más de una duda. Será interesante ver qué opinan al respecto, las comisiones de salud de la Cámara y el Senado o el Colegio Médico y las asociaciones de profesionales de la salud.

Por último, no podría dejar de mencionar en mi calidad de ex Secretario Ejecutivo de ACHIPIA, la preocupación por la total omisión del rol de la Agencia en las referencias a temas de inocuidad. Da la impresión de que, en este diseño, lamentable y equivocadamente se pretende suprimirla, lo que no solo es un error sino que da cuenta del profundo desconocimiento que en estas materias tienen quienes la elaboraron, retrotrayendo incluso lo obrado en el gobierno del propio Presidente Piñera en su anterior administración, y desconociendo las promesas programáticas del actual gobierno. Todo ello hoy tiene desgraciadamente a la Agencia, otrora modelo de modernización institucional de vanguardia único en la región, disminuida, desperfilada y a la deriva.

• Tampoco queda claro el involucramiento en el futuro ministerio en materia de desarrollo rural del INDAP ni de ODEPA, ambas instituciones que sin duda debiesen tener un rol preponderante en un eventual abordaje de esta naturaleza en las políticas del nuevo Ministerio. Tampoco se hace referencia a la vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social, el que solo se menciona tangencialmente al atribuir supuestos logros significativos al Programa Elije Vivir Sano. Más allá de este último programa y sus resultados, ¿no son acaso el Ministerio de Desarrollo Social, la SUBDERE y los gobiernos regionales más que Agricultura las entidades públicas llamadas a coordinar las políticas de desarrollo rural y la articulación institucional en esta materia? ¿Entregarán sus competencias a Agricultura entonces? Nada de ello es claro en el proyecto de ley. Por último, pensar que el desarrollo rural se articula en una mirada de futuro desde la actividad agrícola, es al menos vivir anclados en un paradigma claramente anacrónico, sin sustento en la realidad contemporánea.

• En relación al tema forestal, quedan profundadas interrogantes respecto del rol de la CONAF y el INFOR, y su permanencia o no bajo dependencias del nuevo ministerio, y su vinculación con el Ministerio del Medio Ambiente. Lo mismo ocurre con el cambio de dependencia de la Subsecretaría de Pesca y sus organismos dependientes o relacionados al nuevo Ministerio. En este último punto bien vale preguntarse qué aporta en todo esto el traspaso. ¿Es verdaderamente necesario, el sector lo necesita? De lo que se traduce del texto propuesto, se trata de un traspaso a fardo cerrado que a simple vista no agrega ningún valor, salvo al Ministerio de Agricultura que se hace
del control del sector más dinámico y pujante de la industria alimentaria.

• Como si todo lo anterior no fuese suficiente, la perplejidad se acentúa aún más al constatar en los títulos III y IV que todo lo anterior se realizará prácticamente con el mismo personal con el que cuenta hoy el MINAGRI y en plazos verdaderamente escasos. Imagino que las asociaciones de funcionarios de las múltiples reparticiones públicas involucradas en este proceso ya habrán tomado nota de ello y estarán preparando sus consultas y aprensiones sobre el particular. Seguramente, este tampoco será un punto menor en la discusión.

Lamentablemente, este anuncio recuerda mucho lo ocurrido a fines del gobierno anterior de Sebastián Piñera, en el que un grupo de expertos, entre cuatro paredes, sin ningún tipo de participación ni consulta, elaboró un proyecto de Ley en el mismo sentido que el actual, el que fue enviado a tramitación legislativa, que evidentemente no superó ni el primer trámite.

A objeto de enmendar el rumbo y no volver a perder la oportunidad de avanzar en este tan necesario proceso de modernización institucional, sería interesante que desde el Parlamento se active una discusión abierta y participativa convocando a todos los actores interesados en dar su opinión e involucrase en el diseño de un nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos para Chile.

Por: Michel Leporati, director CERES BCA

Energía, Obras Públicas, Vivienda y Medio ambiente, son algunos de las carteras que componen el Comité de Ministros que aprobó y firmó este lunes 20 de enero la Política Nacional de Desarrollo Rural, la cual promueve una nueva mirada de la ruralidad y facilita la coordinación de actores y variables que inciden directamente en el desarrollo de las zonas rurales, valorando el potencial que tienen para el desarrollo comunal, regional y nacional. La elaboración de esta política, que se inició en 2012, contó con aportes de regiones, alcaldes, asociaciones campesinas, expertos de la OCDE y equipos técnicos de todos los ministerios.

Tal como lo explicó el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, el objetivo general de esta Política es “mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, el cual se espera abordar siguiendo ámbitos tales como Bienestar Social, disminuyendo las brechas de acceso a bienes y servicios; Oportunidades Económicas, mejorando el desempeño y dinamismo local; Sustentabilidad Medioambiental, valorando los espacios naturales y gestionado sus riesgos; Cultura e Identidad, resguardando y poniendo en valor el patrimonio material e inmaterial”.

Siguiendo la definición de territorio rural de la OCDE y según datos del Censo 2017, el 25,5% de los chilenos vive en comunas con alta ruralidad (263 de las 346 comunas), habitando el 83% del territorio del país. Estas áreas enfrentan desafíos comunes: la lejanía a los grandes mercados; la migración de la población hacia áreas urbanas; la falta de masa crítica para beneficiarse de las economías de escala; los nuevos patrones de producción y comercialización para las materias primas; el menor suministro de bienes y servicios respecto a los centros urbanos; la baja diversificación económica; y la necesidad de una mayor valoración de su patrimonio cultural y natural.

La Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, tiene por misión servir de instancia de coordinación en materia de políticas, planes y programas relacionadas con el desarrollo y ordenamiento del territorio, tanto urbano como rural, incluyendo la infraestructura necesaria para ello, con el objeto de obtener incrementos significativos en los estándares de calidad de vida y reducir las brechas en materia de equidad urbana y territorial en el país.

Esta instancia está integrada por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, quien la preside, y los/as Ministros/as de Obras Públicas; de Transportes y Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; de Medio Ambiente; de Agricultura; de Economía, Fomento y Turismo; de Minería; de Desarrollo Social; de Energía; Secretario General de la Presidencia; y por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Todos sus miembros tienen derecho a voto y pueden ser subrogados por los respectivos Subsecretarios/as en el caso de los Ministros/as, y en el caso del/la Subsecretario/a de Desarrollo Regional y Administrativo, por un representante debidamente designado al efecto.